Laura Ferreño y María Laura Gimenez
NUEVAS TECNOLOGÍAS E INCUSIÓN SOCIAL
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NUEVAS TECNOLOGÍAS E INCLUSIÓN SOCIAL
NOVAS TECNOLOGIAS E INCLUSÃO SOCIAL
NEW TECHNOLOGIES AND SOCIAL INCLUSION
Laura Ferreño
Universidad Nacional de Avellaneda, Observatorio de Ciudadanía Cultural
lferreno@undaav.edu.ar
María Laura Gimenez
Universidad Nacional de Avellaneda, Observatorio de Ciudadanía Cultural
mgimenez@undav.edu.ar
Resumen
El estudio del mundo social se enfrenta a nuevas realidades: la sociedad de información y las
subjetividades, en cambio constante, cuestionan a las ciencias sociales y las metodologías de
conocimiento. Profundizando este complejo entramado, la pandemia generada por el COVID-
19 trastoca el mundo conocido. Presumiblemente a ciegas, políticas gubernamentales
centradas desde una perspectiva sanitarista “encerraron” a las personas y coartaron las
libertades individuales mediante instrumentos de vigilancia que podríamos suponer acordes a
las instituciones de encierro, pocos cuestionados, sin embargo, debido al miedo social y la
incertidumbre sanitaria imperante.
La irrupción en la vida cotidiana de nuevas tecnologías disponibles en internet y aplicaciones
de telefonía móvil evidencian nuevos mecanismos de disciplinamiento y control de la
población. Ante estos cambios, una parte de la ciudadanía parece más dispuesta a
incorporarlas por su practicidad, sin interpelar por debatir sus implicancias; otra, por el
contrario, las naturaliza desde la ajenidad.
En consecuencia, en esta realidad en movimiento permanente, la producción de la evidencia
en las ciencias sociales transita por recorridos de “deconstrucción” de las epistemologías
tradicionales en la búsqueda de diseñar metodologías que construyan datos en un entramado
social con una dinámica particular que requiere de soportes tecnológicos para su
acercamiento, no exentos de las tensiones que enfrenta la producción de evidencia. En el
entresijo de este contexto, las teorías que las sustentan también deben “deconstruirse”.
El artículo se propone explorar a partir de estos presupuestos, los posibles derroteros que
estos cambios imponen a la sociedad en general y a los grupos vulnerables, en particular.
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Palabras clave: Estado, nuevas tecnologías, políticas públicas, grupos vulnerables, ciencias
sociales.
Resumo
O estudo do mundo social enfrenta novas realidades: a sociedade da informação e as
subjetividades, em constante mudança, questionam as ciências sociais e as metodologias do
conhecimento. Aprofundando essa estrutura complexa, a pandemia gerada pelo COVID-19
perturba o mundo conhecido. Presumivelmente às cegas, as políticas governamentais
centradas de uma perspectiva sanitariana "trancaram" as pessoas e restringiram as liberdades
individuais por meio de instrumentos de vigilância que poderíamos assumir de acordo com as
instituições de confinamento, poucos questionados, no entanto, devido ao medo social e à
incerteza sanitária predominante.
A irrupção no cotidiano das novas tecnologias disponíveis na internet e aplicativos de celular
mostram novos mecanismos de disciplina e controle da população. Diante dessas mudanças,
uma parte da cidadania parece mais disposta a incorporá-las por sua praticidade, sem
questionar para debater suas implicações; outro, pelo contrário, naturaliza-os de fora.
Consequentemente, nesta realidade em permanente movimento, a produção de evidências nas
ciências sociais percorre percursos de "desconstrução" das epistemologias tradicionais na
busca de metodologias que constroem dados em um quadro social com uma dinâmica
particular que exija apoio tecnológico para sua abordagem, não isenta das tensões enfrentadas
pela produção de evidências. Nas complexidades desse contexto, as teorias que as sustentam
também devem ser "desconstruídas".
O artigo se propõe a explorar, a partir desses pressupostos, os possíveis caminhos que essas
mudanças impõem à sociedade em geral e aos grupos vulneráveis, em particular.
Palavras-chave: Estado, novas tecnologias, políticas públicas, grupos vulneráveis, ciências
sociais.
Abstract
The study of the social world is facing new realities: the society of information and
subjectivity in constantly change, question the social science and knowledge methodologies.
Deepening this complex network, the COVID-19 pandemic disrupts the known world.
Presumably at blind, politics focused on sanitary perspectives “locked out” the population and
restrained the individual rights thru surveillance instruments very similar the one in locked
out institutions rarely questioned because the social afraid and the sanitary uncertainty of the
moment.
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The use of new available technologies in internet and mobile applications in daily live, show
new mechanisms to discipline and control the population. At these changes, a part of the
citizens seems more willing to adopted them for their practicality, without interpellate to
debate its implications, another part, conversely naturalize them from alienation.
The consequence of this reality in constantly moving, is that the production of evidence in
social sciences runs thru a process of deconstruction in the traditional epistemologies to
design methodologies to build data in a social network with a particular dynamic that requires
technology support for it approach, not exempt from the tensions faced by the generation of
evidence. In the mesentery of this context, the theories that support them also have face a
“deconstruction”.
The propose of this article is to explore the possible directions that these changes impose to
the society in general and to the vulnerable groups in particular.
Keywords: State, New Technologies, Public Politics, Vulnerable Groups, Social Science
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1. Introducción
La pandemia del COVID 19 supuso para los diversos niveles de gobierno —en tanto política
de Estado— un desafío respecto al acceso equitativo y la inclusión de las nuevas tecnologías
en la vida cotidiana de los sectores de la ciudadanía más vulnerables. El reto no fue ni es
menor, ya que estas personas carecen de soportes económicos y socioculturales, es decir,
adolecen de capital social, uno de los componentes fundantes de la igualdad de derechos en el
siglo XXI. Estos no constituyen, sin embargo, el único grupo afectado, los adultos mayores;
los “rezagados tecnológicos”, personas con telefonía móvil “vieja” o “nueva” pero con
aparatos económicos y con escasas prestaciones adolecen de las mismas trabas, aun cuando
pudiera tener el conocimiento requerido para el uso de estas nuevas herramientas
tecnológicas; como así también quiénes debieron adaptarse a una nueva realidad virtual: todos
los niveles educativos, desde la educación inicial hasta el universitario, supuso un desafío
para directivos, docentes, no docentes y estudiantes; en los tres poderes de la administración
pública; y en las empresas privadas.
A estos inconvenientes se le sumó en la Argentina cuando nos alejamos de los centros
urbanos, la escasa o nula señal de internet que brindan las empresas privadas proveedoras del
servicio, problema que verificamos con menor o mayor intensidad en todo el territorio
nacional. Allí donde la cantidad de clientes se reduce, internet se vuelve un bien escaso y por
momentos inaccesible sin importar la condición social de quienes habiten en esas zonas
rurales.
La invisibilización de esta problemática, y en consecuencia su naturalización, emerge desde
las diversas dimensiones que se analice.
Así, desde los niveles gubernamentales nacional y subnacional se impuso la visión de la
ciencia informática que partió del supuesto que el empleo masivo del celular era una
herramienta para la comunicación inclusiva, y en tal sentido, suponía un punto de inflexión,
tanto para la adquisición como para el empleo de nuevos instrumentos, fundamentalmente de
aplicaciones (apps) diseñadas para ejecutarse en los teléfonos móviles inteligentes de última
generación, generalmente costosos cuyo uso se sustenta en saberes preliminares de las
opciones que ofrece. En principio, la idea —interesante de por sí— permitía la localización de
las personas mediante instrumentos georreferenciadores, situación que potenciaba la
información obtenida bajo el supuesto alcance de estas nuevas herramientas a toda la
ciudadanía.
La virtualidad implicó además un empleo cotidiano de opciones que se implementaron: desde
consultas médicas online hasta turnos para múltiples acciones presenciales (vacunación,
atención sanitaria, entre otras) y una variedad de trámites que repentinamente se realizaron de
manera parcial o íntegramente virtual (como las legalizaciones de documentos públicos o los
trámites burocráticos).
Sin embargo, ¿toda la población tenía la posibilidad y el conocimiento previo como para
emplear masivamente los diversos instrumentos disponibles y a menudo obligatorios de los
entes gubernamentales? La centralidad de este presupuesto del cual partieron las
administraciones públicas argentinas puede que fuera plausible en países donde la equidad es
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un atributo extendido, pero en América Latina, en general, y en Argentina, en particular,
donde amplias masas de su población requieren de los subsidios del Estado para sobrevivir,
implica una apuesta difícil de sortear para quienes diseñan este tipo de aplicaciones de acceso
masivo en todo el país.
Las ciencias sociales también están siendo interpeladas por los cambios que impuso la
pandemia. Las epistemologías tradicionales debieron “deconstruirse” en la búsqueda de
metodologías que permitan la “producción” de datos referidos a un entramado social con una
dinámica específica. Esta especificidad refiere a la relación de ajenidad que establecen con
estos nuevos soportes tecnológicos, circunstancia que requiere una política propia de
acercamiento. El origen es múltiple, señalemos las dos causas más relevantes; la primera,
procede de ese sentimiento de otredad respecto a las nuevos aparatos “inteligentes”
(televisiones, computadoras de escritorio, notebooks, tablets, celulares) que proviene de la
distancia económica, y —aún más grave— cultural, a partir de la cual estas personas
construyen sus vínculos con las nuevas tecnologías; la segunda, por la carencia de
conocimientos, habilidades e intereses previos para poder utilizar ampliamente las opciones
que estos brindan.
Esa alteridad ya no solo se refiere a vínculos y relaciones desiguales interpersonales, es decir,
la carencia de capital social mencionado anteriormente. Para muchas comunidades argentinas
que viven aisladas en el interior profundo de nuestro país, así como a muchas otras
desperdigadas por zonas periurbanas o relegadas a zonas marginales de nuestras grandes
urbes (Área Metropolitana de Buenos Aires —AMBA—, Rosario, Córdoba y Mendoza
quizás resulten los casos más paradigmáticos, pero no los únicos) también refiere a ese otro
“tecnológico”. En la misma situación se encuentran los adultos mayores y los “rezagados
tecnológicos”. En el mejor de los casos, los vínculos con internet para estos grupos refieren al
acceso a portales de noticias o redes sociales (como Facebook o WhatsApp), pero los desafíos
de la nueva realidad virtual exceden ampliamente este uso más extendido de internet.
El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre las avatares que afrontan las metodologías
cuantitativas y cualitativas en este nuevo contexto social, haciendo hincapié en las tensiones
que enfrenta el Estado en la producción de evidencia que propenda al diseño creativo de
herramientas de inclusión tecnológica dirigidas a sectores vulnerables, dialogando con las
plataformas miArgentina, Cuidar, Datos Argentina y con el Relevamiento del impacto social
de las medidas del Aislamiento dispuestas por el PEN [Poder Ejecutivo Nacional], elaborado
por la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus COVID-19 del MINCyT-
CONICET-AGENCIA (Ministerio de Ciencia y Tecnología - Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas - Agencia) a partir de los datos suministrados por
investigadores y docentes universitarios de todo el país, que analiza los alcances efectivos del
decreto (Decreto de Necesidad y Urgencia —DECNU 297/2020— del PEN) cuando se inició
el confinamiento en el 20 de marzo de 2020.
Entre las cuestiones que emergieron cuando se llevó a campo estos marcos teóricos
informáticos diseñados para otras realidades, se destacan dos elementos. El primero es la
distancia entre un mundo pandémico centrado en la virtualidad y las personas, a quienes en
muchos casos se accedía a través de referentes territoriales porque las nuevas tecnologías les
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resultan por los motivos expuestos, ajenas. Durante la primera etapa del Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio —ASPO— decretado por el PEN en el marco de la pandemia
COVID-19 estos referentes territoriales, en tanto referente culturales, se convirtieron en nexo
entre el Estado y la población en situación de vulnerabilidad. El segundo hallazgo refiere a los
desafíos metodológicos de las ciencias sociales para trabajar en los nuevos contextos
virtuales. Algunos de estos hallazgos y los retos emergentes, serán el eje de nuestro análisis.
2. Presupuestos teóricos
2.1. Dimensiones en disputa
Pandemia COVID-19 y humor ciudadano es uno de los debates inherentes en el presente a los
gobiernos democráticos. Interpelaciones referidas al cercenamiento de las libertades
individuales y las medidas de control estatales, tales como el cierre de fronteras o coerciones
positivas vinculadas con la vacunación (como los certificados QR que permiten el ingreso a
espacios cerrados a quienes están vacunados) subyacen en el incumplimiento de normas
sanitarias elementales como el uso de barbijo o mascarillas. ¿Cuál es el origen de este tipo de
actitudes? ¿Hay un descreimiento de parte de la sociedad hacia la eficacia de este tipo de
medidas, o por el contrario, el origen de estos comportamientos nace de un desencanto hacia
la dirigencia política mundial, más allá del arco político que represente? Constituyen dos de
los interrogantes, a nuestro entender centrales, pero no los únicos.
Quetglas (2021a) nos da algunas pistas para contestar estas preguntas cuando plantea entre las
dimensiones a considerar, la opacidad de la gestión estatal que percibe un porcentaje de la
población; la desconfianza hacia “la política” y las burocracias públicas tanto por sospechas
de ineficiencia y/o corrupción como por un largo proceso de desprofesionalización; y la
brecha que emergió entre las formas de gestión gubernamental y los “nativos digitales”. El
problema entre ciudadanía e inteligencia artificial (IA) se complejiza cuando miramos el
panorama que se presenta hacia el futuro, debido a que la tensión no solo se vuelve irresoluble
sino que tiene una escalada entre actores que pugnan desde lugares muy disímiles de la
sociedad: por un lado, quienes están hiperconectados, con acceso a canales muy diversos de
información y un Estado que al pretender controlarla, estimula un conflicto irresoluble; y por
otro, quienes pugnan por acceder a la conectividad, aunque solo sea para disponer de un canal
de vínculo para el acceso a la ayuda estatal.
Pareciera entonces que la discusión ya no gira tanto respecto a si las herramientas que se
emplean desde el Estado son adecuadas o no, para centrarse en cambio, en su obsolescencia.
Tema recurrente en la narrativa de la dirigencia argentina, pero que ha producido pocos
efectos concretos si lo analizamos desde los desafíos que suponen el acceso a la IA por parte
de la ciudadanía. Ese es un espejo que nos devuelve una imagen dolorosa cuando percibimos
que un porcentaje cada vez mayor de la ciudadanía no puede acceder a las nuevas tecnologías,
por falta de recursos o por carecer de capital social para su uso. En tal sentido, resulta
evidente que desde el inicio de la pandemia “las transformaciones en la base
sociotecnológica de la sociedad no tuvieron un correlato categórico en el mejor diseño de
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políticas públicas… hay modos de ejercer la representación, comunicar y liderar que están
agotados” (Quetglas, 2021a).
Esta cuestión se vuelve imperiosa cuando se pone el foco en la población en situación de
vulnerabilidad, que vive en lugares de difícil acceso y escaso o nula conectividad. Esa
Argentina profunda, olvidada a fuerza de acciones de invisibilización sostenidas a través del
tiempo, hoy tiene la posibilidad de una revancha que la historia le negó. Pero la solución debe
ser creativa y adaptarse a las diversas realidades territoriales y las necesidades específicas de
cada grupo, como plantea Quetglas (2021b) “no pueden ser iguales las respuestas para
jóvenes o personas mayores, con o sin experiencia laboral, mujeres u hombres, etc.”
El impacto de la pandemia no afecta a todos los países de igual forma; las clases sociales ni
los diferentes grupos etarios también sufren las medidas diferenciadamente. Si bien todos los
estados se enfrentan a una crisis sanitaria y económica, los países subdesarrollados padecen,
además, las consecuencias de sus estragos sociales: aunque esta emergencia demande más
Estado, sus capacidades operativas no se constituyen rápidamente, por lo tanto, las respuestas
al aumento de la economía en “negro” y la informalidad laboral en Estados de Bienestar
minúsculos y con una estructura burocrática administrativa que tiende a obstaculizar aquellas
acciones que resultan imperiosas en este contexto (Malamud y Carreiras, 2020), conllevan
incremento de pobreza y pérdida del poder adquisitivo de la sociedad en su conjunto.
Algunos indicios en este sentido se encuentran en el incremento perceptible en barrios
vulnerables del déficit de integración, la deserción escolar, las familias con problemas de
socialización, una juventud mal empleada o inempleable y la inestable incorporación al
mercado laboral de sus habitantes. Todas estas dimensiones son indicios de la emergencia y/o
crecimiento de la vulnerabilidad y la incertidumbre como horizonte para estos sectores
sociales, así como la pérdida o carencia de capital social. El corolario de este proceso de
exclusión es la desafiliación (Castel, 1997) de quienes viven en los intersticios sin encontrar
un “lugar” en la estructura social, habitan los márgenes laborales y territoriales de la sociedad.
Para explicar este proceso de desafiliación, Merklel (2000) utiliza una metáfora, la mutación
de la lógica del agricultor (vida basada en la certidumbre y la planificación) por la del cazador
(la incertidumbre y la necesidad de resultados inmediatos sustentan una lógica de la astucia en
busca de oportunidades). Estos cambios en sus proyectos de vida afectan sus soportes
culturales, los cazadores no consiguen credenciales de pertenencia, la incertidumbre que
padecen los adultos en el mercado laboral se reproduce además en todos los niveles
educativos (jardín, primario, secundario y superior). Debido a que instituciones como las
empresas y las escuelas se vuelven marginales para estos grupos, se acelera su disociación del
resto de la sociedad, expresada de múltiples modos, entre ellos, la distancia cultural y el
extrañamiento que perciben respecto a los ámbitos cotidianos de los grupos integrados, por
ejemplo, los espacios de recreación de las grandes ciudades (Merklel, 2000). No solo el
acceso a los bienes culturales deviene en un mecanismo de clasificación social, sino la
divulgación de sitios de internet con fines informativos o de capacitación ordenan
pertenencias e intereses de grupo.
Durante el siglo XX América Latina se caracterizó por la conformación de una "democracia
de baja intensidad y altamente delegativa" (O'Donnell, 1997) signada por la preeminencia de
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los liderazgos políticos personalistas. Una consecuencia de esta particularidad fue el escaso
desarrollo de instrumentos de control y transparencia como canales vinculantes con la
ciudadanía. Argentina no fue ajena a este proceso, sus secuelas crujen en el presente ante una
sociedad que asiste asombrada a la flagrante contradicción y tensión entre estas prácticas y la
emergencia de la IA como una herramienta de vínculo directo entre los gobiernos y la
ciudadanía, conviviendo y a la vez socavando el poder sobre el cual se sustentaban las viejas
prácticas.
Sin embargo, este es un proceso de larga data que la pandemia visibilizó aún más. El colapso
en Argentina de un Estado que hasta los años „70 había tenido protagonismo en las políticas
redistributivas y el posterior retorno democrático en la década siguiente, implicó la aparición
de una gran diversidad de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), cuyo protagonismo
suplió los vínculos con las diversas áreas gubernamentales, producto de la crisis de
representación se profundizó a partir de entonces. Estos cambios produjeron un
distanciamiento entre los actores que debían encontrar mecanismos de representación de sus
intereses y las fuerzas políticas que supuestamente los debían representar. Ese espacio fue
ocupado por las OSC.
Este quiebre de la sociedad, tal como venía conformándose durante las décadas anteriores a la
crisis petrolera de los años „70 llevó en Argentina a un aumento de la pobreza desconocido
hasta entonces, ¿con qué capital social contarían a futuro esos ciudadanos que sobrevivieron
en los intersticios que el Estado o ellos mismos iban generando? La pregunta es relevante
debido al aumento exponencial de quienes han quedado en los márgenes de la sociedad
durante estas décadas, con las consecuencias que para estos supone.
Este despojamiento de bienes que facilitan la inserción social de las personas conlleva una
reducción de su capital social, en tanto este se constituye a partir del
conjunto de recursos actuales o potenciales ligados a la posesión de
una red durable de relaciones más o menos institucionalizadas de
interconocimiento y de interreconocimiento; o, en otros términos, a la
pertenencia a un grupo, como conjunto de agentes que no sólo están
dotados de propiedades comunes (susceptibles de ser percibidas por el
observador, por los otros o por ellos mismos), sino que también están
unidos por vínculos permanente y útiles.
Bourdieu, 2014: 221
Estos vínculos son importantes porque determinan el volumen de capital social de una
persona, el cual depende de su capital económico, cultural y simbólico. Estas redes, en tanto
estrategias de inversión social conforman lazos que pueden ser conscientes o no cuyo fin es la
utilidad directa. Una consecuencia de esta característica es que sus fronteras son difíciles de
franquear debido a que por un lado, los intercambios entre sus miembros “transforma las
cosas intercambiadas en signos de reconocimiento… y determina a la vez los límites del
grupo” (Bourdieu, 2014: 222); y por el otro, manifiesta el grado de capital delegado (que
puede ser muy desigual entre sí) en un individuo del grupo que es quien concentra y se
transformará en mediador hacia afuera de la red.
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En consecuencia, las capacidades socioculturales de la ciudadanía variarán en función del
volumen de su capital social. Así, mientras los grupos más vulnerables priorizarán las redes
de reciprocidad o asociaciones de intercambio, es decir, aquellas instituciones informales
sustentadas en los usos y costumbres, lealtades personales y lazos de afinidad; quienes
cuenten con un capital social significativo se focalizarán en generar estrategias para insertarse
en ámbitos laborales y sociales, y en consecuencia, su interés se direccionará hacia aquellas
instituciones que les brindan garantías o derechos (Arcidiácono, 2011). Por lo tanto, es
necesario reflexionar respecto a los mecanismos más idóneos para incluir (y en tal sentido
“reciudadanizar”) a quienes carecen de suficiente capital social, para que las instituciones
formales constituyan algo más que un lugar de paso —en el mejor de los casos— en tanto
ámbito burocratizado donde se tramitan los subsidios estatales, y se transformen en lugares de
estar, esto es, espacios de pertenencia y no de ajenidad.
Este entramado de relaciones puede canalizarse mejor en las grandes ciudades y áreas
metropolitanas debido a que estas comunidades cuentan con una presencia activa del Estado
nacional y provincial que llega directamente al territorio a través de las agrupaciones de base,
y a la vez, del gobierno local como interlocutor político, ya que este como dador de recursos
carece de relevancia (Rofman, Gonzalez Carvajal, y Anzoategui, 2010). Este solapamiento de
los poderes de los diversos niveles gubernamentales conlleva la intervención de diversas
jurisdicciones político-administrativas. En cambio, en las zonas rurales y periurbanas, la
presencia del gobierno local y de los diversos Programas Nacionales que asisten a los
productores minifundistas se convierten en soportes para el acompañamiento en mejoras no
solo del ingreso sino de la calidad de vida de esos grupos más vulnerables. La extensión
territorial del país y la intermitente inversión en infraestructura posiciona a los actores
sociales rurales en una situación de inequidad.
En Argentina las consecuencias de la pandemia se reconfiguran permanentemente. Entre las
más importantes, mencionaremos: el aumento de las diversas opciones de virtualidad que ante
el repliegue hacia el hogar del trabajo y la escolaridad agudizó el desafío de analizar un
fenómeno con tantas aristas; y la emergencia del agotamiento de las formas de concebir y de
“hacer” política en Argentina, que disoció las dirigencias partidarias y gubernamentales de las
necesidades de la ciudadanía, situación que replicó en territorios muy disímiles entre sí e
involucró a todas las clases sociales.
La nueva realidad se trató de sortear con explicaciones que se volvieron lábiles con el paso
del tiempo, el corolario de estas prácticas discursivas fue que el sustento de racionalidad y la
construcción de la verdad se tornaron cambiantes y difusas. Como resultado, las tensiones
entre diversos sectores de la sociedad y las instituciones y/o quienes se encontraban a su cargo
se incrementaron, llevando a un “estado de perplejidad muy agudo en variados debates y
elaboraciones de los ámbitos públicos” (Rivas, 2021: 1). Este écart (Jullien, 2017), en tanto
distanciamiento que sale de la norma, desorganiza el contrato social vigente y revela el
“entre”, es decir, las tensiones de la diversidad ante las distintas posibilidades de vinculación
entre las pluralidades y la singularidad impuesta desde los organismos estatales, a partir de las
medidas del PEN al decretar primero el ASPO y luego el DISPO, qué impusieron la
modalidad online en los vínculos tanto sociales (parentales y de reciprocidad) como
institucionales (incluido todo los niveles educativos). Estas tensiones de lo diverso son
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constitutivas de la sociedad, pero el contexto de aislamiento las profundizó debido a múltiples
y disímiles factores.
La virtualización de los procesos burocráticos gubernamentales agravó en muchos casos la
distancia entre la población y el Estado, la brecha entre representantes y representados se
aceleró. Esta percepción, más allá de su veracidad, derivó en demandas de la ciudadanía que
amplificaron los medios en un abanico muy amplio, desde el cuestionamiento de la necesidad
de una política de aislamiento de la población hasta la discusión por los laboratorios a los que
se le compraban vacunas. Las políticas públicas sanitarias se volvían más opacas cuanto más
transparentes supuestamente se mostraban. La respuesta de parte de la ciudadanía fue la
desconfianza hacia las instituciones y la dirigencia a su cargo, el écart en estas circunstancias
se acentuó.
En este contexto sin embargo emergieron fenómenos nuevos. Paralelamente al
empoderamiento de muchas personas que en estas nuevas circunstancias llevaron adelante
trámites online en algunas áreas estatales, se verificó para muchas otras, la inequidad en el
acceso a estas nuevas tecnologías como en la ajenidad ante un mundo tecnológico inasible. A
la pauperización y/o marginación del capital humano se le sumó la carencia de las
credenciales necesarias y el conocimiento de dimensiones culturales imprescindibles para la
vida inmersa en estas nuevas herramientas de IA, dimensiones que se deben tener en cuenta
en cualquier régimen político sustentado en la igualdad de oportunidades.
La alfabetización tecnológica (Rivas, 2021) es una estrategia de política pública
imprescindible para fortalecer las democracias del siglo XXI. La ausencia de estos debates en
la actualidad se debe, en parte, al incremento de personas alfabetizadas funcionales. La
discusión más urgente, frente a esta realidad, es aquella referida al abandono estudiantil en
todos los niveles escolares, situación que se agudizó durante la pandemia.
Para un Estado con estructuras obsoletas, estos desafíos se vuelven muy complejos de
afrontar. Cómo destacará Castells (1997) en un texto que paradójicamente tiene más de dos
décadas, la crisis no solo es de legitimidad sino también de operatividad en el funcionamiento
de las burocracias públicas.
Las respuestas a cuáles serían los mecanismos más idóneos para revertir este proceso de
expulsión ciudadana, que en Argentina se inicia a mediados de la década de 1970, a medida
que pasa el tiempo se vuelven más intrincadas. El primer indicio es el reconocimiento que la
desafiliación social es un riesgo latente cuando las relaciones de proximidad de una persona
(que son sustentadas en sus inscripciones territoriales, incluidas en estas sus redes de
parentesco e instrumentales) tienen “una falla que le impide reproducir su existencia y
asegurar su protección” (Castel, 1997: 31). A ello se le suma, la pérdida de estructuras
dadoras de sentido, como las interacciones insertas en proyectos de grupo. Durante la
vigencia del ASPO ¿cómo reformularon estos lazos las personas en situación de
vulnerabilidad carentes de trabajos en blanco? Pareciera que en la actualidad, tal como plantea
Castel (1997) para otro contexto histórico, las zonas fronterizas entre quienes viven
integrados a la sociedad, en situación de vulnerabilidad, reciben asistencia social estatal y/o
padecen un proceso de desafiliación deberían reformularse. Ello no será posible si no se
realizan propuestas creativas sustentadas en un contrato social inclusivo que revierta las
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situaciones de precariedad, vulnerabilidad, exclusión, segregación, relegamiento y
desafiliación.
Los estados, contracara del problema, ¿qué mecanismos ofrecieron para combatir el COVID-
19? La respuesta a esta pregunta tuvo escasas divergencias a nivel mundial, la irrupción de
nuevos consensos sociales: encierro y control a través de las nuevas tecnologías.
2.2. Estados y pandemia: Instrumentos de control social
En Asia Oriental, los gobiernos ya contaban con instrumentos informáticos de control de la
población previamente a la aparición del COVID-19. Cuando la pandemia hizo sentir su
virulencia, la vigilancia digital pareció el mecanismo más acertado para controlarla desde sus
inicios no solo en los países asiáticos. La idea de que la política sanitaria para combatir la
enfermedad se diseñara a partir de diversos softwares que permitirían controlar los
movimientos de las personas, para de este modo, procesar la información obtenida y mediante
su análisis e interpretación (big data) tomar las decisiones, de una opción plausible se
transformó en parte de la vida cotidiana de la población en muchos países del mundo. Esta
capacidad de concentrar datos de la población fue más fácil de implementar en aquellos
estados —como los asiáticos— donde la conciencia crítica hacia la vigilancia digital era
escasa (Han, 2020), debido a que el mundo de las nuevas tecnologías es un paradigma cultural
al cual adscribe la mayoría de sus ciudadanos.
Paralelamente, en muchas democracias “occidentales”, países de la Unión Europea, EEUU o
Argentina, por citar solo algunos casos, debido a la protección de los datos personales esta
posibilidad parecía imposible de implementar. Sin embargo, cuando el cierre de fronteras
mostró su ineficacia, el encierro de la población y los instrumentos digitales de control estatal
fueron naturalizados por parte de una ciudadanía ante el pánico que infundían las cifras de
enfermos y muertes diariamente difundidas a través de los medios de comunicación. Este
cambio de paradigma, que hubiera resultado difícil de predecir antes de la pandemia, llevó a
que Han (2020) se preguntase si la soberanía no residía en los poseedores de big data, en
tanto propietarios de los instrumentos de control que indujeron la aceptación de cambios de
conducta en las personas, tales como el aislamiento o el uso de barbijos. Israel, del mismo
modo que países como Corea o China, mediante aplicaciones para celulares informaban a los
usuarios de estas plataformas si habían estado en contacto con infectados, en la cercanía de
posibles focos de infección o personas contagiadas.
En tal sentido, como plantea Oszlak, algunas de las respuestas a la pandemia revelaron las
aristas naturalizadas del problema:
quienes gobiernan también pueden ser artífices –inconscientes,
involuntarios o deliberados– de los peores escenarios imaginables.
Podrían ser cómplices activos de las fuerzas incontroladas del
mercado o la ciencia. Podrían utilizar las innovaciones tecnológicas
para ejercer el más férreo y despótico control social, haciendo añicos
los valores e instituciones de la democracia. O, simplemente, podrían
ignorar las señales y tendencias que ya pueden advertirse, y seguir
gestionando “como de costumbre”, haciendo caso omiso de los
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procesos en curso, con lo cual, condenarían a sus sociedades a
situaciones de miseria y dependencia inimaginables.
Oszlak, 2020a: 29
A finales de los años „70, mucho antes del nuevo escenario impuesto por estas nuevas
tecnologías descriptas por Oszlak, Michel Foucault caracterizó la biopolítica como formas de
racionalización impuestas desde el liberalismo a partir del siglo XVIII para encarar los
problemas que la población plantea a los gobiernos, entre ellas, las políticas de vacunación,
“salud, higiene, natalidad, longevidad, razas…” (Foucault, 2012: 359).
La biopolítica demostró que se adecua a los nuevos tiempos; el biopoder, en tanto poder que
se ejerce sobre los individuos y no sobre los territorios, también.
A partir de la biopolítica el autor describe cómo se gobierna la vida de la población a través
de tecnologías, prácticas, estrategias y racionalidades políticas, constituidas por un conjunto
de saberes muy diversos como la medicina, la sociología, la biología, la psicología, la
psiquiatría y las estadísticas que permiten determinar la “normalidad”; las normas se erigirán
como el instrumento que ordena la vida de las personas. El concepto le permite demostrar que
el liberalismo, desde su prédica de libertad individual se sustenta en prácticas continuas de
observación, vigilancia, registro y monitorización de la ciudadanía; y aunque el control no sea
coercitivo, este tipo de poder —el biopoder— se ejerce mediante la “normatización” y logra
el objetivo de producir determinados modos de vida en detrimentos de otros posibles.
La biopolítica volvió a aparecer en escena desde la propagación del COVID-19 en Argentina
mediante las medidas primero de aislamiento y luego de distanciamiento social; el uso
obligatorio de barbijos; el teletrabajo para un porcentaje importante de la población; la
escolarización virtual; el lavado de manos y el uso de alcohol en gel en la vida cotidiana
(como si cada persona estuviera por ingresar a un quirófano cada vez que realiza acciones
rutinarias); la prohibición de las expresiones de afecto (saludos socialmente esperables como
besos, abrazos o apretones de mano) quedaron prohibidas debido a la transmisión del virus,
del mismo modo que la restricción de los vínculos solo entre convivientes y el uso de
transporte público; los movimientos de las personas estuvieron monitoreados desde
plataformas gubernamentales —como la aplicación Cuidar— del mismo modo que los
permisos de circulación que la población gestionaba para trasladarse. Estas “normas”, si bien
son medidas tendientes a evitar la diseminación de la enfermedad, constituyeron un inédito
tipo de biopoder que naturalizaron un nuevo escenario de la biopolítica, en tanto que como ya
se mencionara, permitieron la cotidianización de nuevos instrumentos de vigilancia y control
social.
Deleuze (2006) auguró que instituciones de encierro como el hospital, la escuela o la familia,
que respondían a las necesidades de las sociedades disciplinarias, iban a carecer de sentido
ante el avance de las sociedades de control, en las cuales
lo esencial ya no es una marca ni un número, sino una cifra: la cifra es
una contraseña [mot de passe], en tanto que las sociedades disciplinarias
están reguladas mediante consignas [mots et ordre), tanto desde el punto de
Laura Ferreño y María Laura Gimenez
NUEVAS TECNOLOGÍAS E INCUSIÓN SOCIAL
168
vista de la integración como desde el punto de vista de la resistencia a la
integración. El lenguaje numérico de control se compone de cifras que
marcan o prohíben el acceso a la información (Deleuze, 2006: 3).
Deleuze vaticinaba que a futuro habría mecanismos de control que proporcionarían datos
permanentemente de las localizaciones de personas, vehículos y objetos, del mismo modo que
los utilizados para el rastreo de animales salvajes sea un animal dentro de una reserva o un
hombre en una empresa (collares electrónicos). Instrumentos que no solo brindarían
información georreferencial, sino que además en algunos casos constituirían identificaciones
de membresía o acceso (como las tarjetas que validan acceso a instituciones o transporte
público), aunque su posesión no necesariamente válida en todas las circunstancias su
pertenencia o ingreso.
También auguró una medicina capaz de detectar, por ejemplo, enfermos potenciales o grupos
de riesgo, es decir, localizar y vigilar a quienes es preciso controlar, sin médicos ni enfermos
“reales”. Las crisis de las instituciones disciplinarias parecían destinadas a desaparecer
paulatinamente a partir de un nuevo régimen de dominación centrado en el control.
Paradójicamente a partir de la pandemia, en las sociedades de control la incapacidad de los
gobiernos para dar respuestas novedosas a los nuevos desafíos surgidos por el COVID-19,
devino en una “reactivación” de instituciones disciplinarias de “encierro” como los hospitales
y la familia, las cuales brindaron mecanismos de vigilancia que potenciaron el control
ciudadano. La coexistencia de mecanismos de control y de vigilancia —unos y otros, propios
de regímenes de dominación social específicos— potenció y a la vez volvió más sofisticada y
eficiente los instrumentos del biopoder estatal.
2.3. Marchas y contramarchas en la búsqueda de respuestas
El uso de estos nuevos y viejos mecanismos de control no siempre fueron aceptados por la
ciudadanía. La población se manifestó en diversos países en contra de las medidas impuestas
obligatoriamente como el aislamiento social —en Argentina—, la vacunación o el pasaporte
sanitario europeo que certifica la pauta completa de vacunación contra el COVID-19 —en
Francia—, imprescindible para circular por la Unión Europea y en algunos países para el
ingreso a espacios cerrados como los museos.
Parte del problema tiene su origen en que los estados, tanto los socialistas como capitalistas,
carecían de planificación para dar respuesta a una enfermedad que en un mundo globalizado,
rápidamente tomó escala mundial. Tampoco los debates vigentes y previos al COVID-19 se
interpelaban por estas cuestiones, por lo tanto, al no encontrarse en las agendas estatales ni de
los organismos supranacionales, tampoco hubo opción a explorar ni la posibilidad de articular
una solución exitosa rápidamente.
La irrupción de la pandemia evidenció otros problemas, como la escasa coordinación entre los
niveles de gobierno; las falencias de los centros de información de crisis y la demora en los
procesamientos de datos que deberían realizarse en tiempo real (Rivas, 2020); y la
coordinación de políticas sanitarias entre países, acción que hubiera potenciado los resultados.
La capacidad de respuesta ante el COVID-19 evidenció la enorme distancia que separa a los
Laura Ferreño y María Laura Gimenez
NUEVAS TECNOLOGÍAS E INCUSIÓN SOCIAL
169
países desarrollados de los emergentes, brecha que se acrecienta debido al crecimiento
vertiginoso de las nuevas tecnologías, y a la vez, a las escasas posibilidades (originadas en
déficits estructurales que arrastran en su mayoría) de incorporar estos nuevos desarrollos con
la celeridad requerida (Oszlak, 2020b). Oszlak (2020a; 2020b) denominó “era exponencial” a
la rapidez con la que se está produciendo la aceleración de los cambios tecnológicos. Frente a
este panorama, el papel desempeñado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
durante los primeros meses fue decepcionante; como consecuencia, la desprotección ante el
COVID-19 de los países más pobres del mundo se agudizó.
Por lo expuesto —y aquí solo hemos mencionado algunas de las dimensiones que
emergieron— resulta perentorio que todos los estados cuenten con instrumentos que les
permita anticipar y dar respuesta a los múltiples desafíos futuros, tanto aquellos que refieren
al devenir de la pandemia como a los que se vinculan con desarrollos tecnológicos en el corto
y mediano plazo. Los estados deben proteger a la población más vulnerable también de estas
inequidades “nuevas” y evitar que se profundice la desigualdad social ante la irrupción de las
plataformas informáticas. Asimismo, debe protegerse y proteger a la ciudadanía de la
dependencia tecnológica que tienen con las grandes potencias y las empresas multinacionales
que controlan la innovación científica (Oszlak, 2020a).
El mundo tal como lo conocemos desaparece rápidamente, robots que suplantan el trabajo
humano tanto en las fábricas como en las tareas domésticas; la revolución digital que amenaza
en transformar al formato papel en libros y medios de comunicación como diarios y revistas
en un objeto de culto antiguo; la automatización de aviones y de automóviles; avances
científicos que permitirán la manipulación genética; y los chatbots: bots de conversaciones
que simulan un diálogo mediante un programa que emite respuestas automáticas, proliferan
tanto en páginas de internet de empresas privadas como gubernamentales. Estos cambios no
solo impactan en la vida cotidiana de las personas, también permiten diseñar modelos
predictivos e identificar patrones repetitivos que favorecen tomas de decisiones más certeras.
La paulatina naturalización de estas innovaciones y sus efectos en la organización de las
rutinas cotidianas sustancian un cambio respecto a las formas en que mapeamos y procesamos
las coordenadas de la vida diaria. Este “giro cultural” interpela “al modo en que pensamos
sobre el modo en que pensamos” (Geertz, 2008: 64); y si bien Clifford Geertz analizaba estos
cambios de los instrumentos de razonamiento en el mundo literario y de las ciencias sociales,
todas las transformaciones mencionadas para el presente y futuras (big data, robótica, IA,
entre otras) interrogan al ser humano en tanto muchas de sus decisiones serán tomadas por
máquinas que predicen e inducen sus comportamientos y acciones. Sin embargo, surgen
algunos interrogantes: ¿en qué medida la ciudadanía es consciente de estos cambios? La
emergencia de esta “era exponencial” al disparar la desigualdad social supone un desafío
nodal para los estados modernos, pero estos ¿están explorando respuestas para propender a la
inclusión social?
Hubo diversas respuestas a esta última pregunta a través de la historia, para el evolucionismo
la “cultura” alcanzada por un pueblo en su conjunto expresaba su grado de desarrollo
tecnológico, los diferentes estadios se establecían a partir de la comparación entre los distintos
grupos, pero este razonamiento se puede aplicar también hacia el interior de cada territorio y
Laura Ferreño y María Laura Gimenez
NUEVAS TECNOLOGÍAS E INCUSIÓN SOCIAL
170
el despojo —partiendo desde la civilización y retrocediendo hacia los orígenes de las
herramientas más rudimentarias— puede dejar de ser una herramienta de análisis para
transformarse en un dato de la realidad como en el presente. Los poderes estatales y las
instituciones que los encarnan deben preguntarse qué tan dispuestos están a tolerar una
sociedad que tiende cada vez a la exclusión en los países emergentes y pobres; deben
necesariamente anticiparse y empezar a diseñar estrategias que reviertan este drama de la
sociedad actual y den respuestas eficaces. La sola posibilidad que los diferentes ámbitos
gubernamentales se hagan estos interrogantes también supone un giro cultural de sus
dependencias y funcionarios públicos, en tanto, deben replantearse las formas de construir el
conocimiento y de diseñar las políticas públicas.
Si como plantea Oszlak (2020a) parece inexorable que los servicios gubernamentales se
sustenten en plataformas ¿cómo interactuarán con estas quienes tiene problemas de acceso a
ese tipo de servicios o a internet, ya sea por ajenidad con las nuevas tecnologías, por
deficiencias en las señales o por carecer de los soportes físicos a través de los cuales se
emplean estas plataformas? Por caso, la aplicación del gobierno nacional miArgentina se
presenta como el “perfil digital ciudadano para gestionar trámites, sacar turnos, acceder a tus
credenciales y recibir información personalizada”
(https://www.argentina.gob.ar/miargentina).
Paradójicamente, aplicaciones gubernamentales masivas como miArgentina o Cuidar que
permiten que las actividades de vigilancia y control (facilitadas por el reconocimiento facial y
permisos para la movilidad de las personas) se vuelven más sofisticadas, no siempre resultan
fáciles de validar. En el caso de miArgentina, la validación de la identidad, luego de
descargarla en los celulares resulta engorrosa porque es necesario el reconocimiento facial, la
acción se dificulta aún más cuando los celulares no son de última tecnología, las personas son
adultos mayores o están poco habituadas al uso de estas herramientas tecnológicas por carecer
de los soportes culturales y educacionales indispensables.
¿La IA podrá modificar los roles y vínculos entre los gobiernos y la ciudadanía en su
conjunto, o quedará circunscripto a ciertas clases sociales? El autor cree que sí porque plantea
que estos instrumentos de gestión transformarán en un futuro profundamente tanto las pautas
de organización como de interacción de la vida social, respecto a “nuestro hábitat, costumbres
y modalidades de recreación, la manera de informarnos, comunicarnos, transportarnos,
alimentarnos o atender nuestra salud” (Oszlak, 2020a: 105).
Entre las consecuencias, quizás Oszlak vislumbra opciones más sostenibles con los grupos
vulnerables, una administración estatal sustentada en las redes, gobiernos más vinculados con
la población, situación que favorecerá la participación ciudadana en la gestión y diseño de las
políticas públicas. No queda claro, sin embargo, cómo se realizará la interacción con los
destinatarios para brindar soluciones rápidas y factibles a partir de los aportes de la big data
para alcanzar un “Buen Vivir” (Oszlak, 2020a) cuando estos se encuentren en las zonas más
alejadas de los centros urbanos argentinos y de difícil acceso. Las empresas de telefonía móvil
ofrecen aparatos económicos desde el equivalente aproximado de un salario mínimo en
Argentina; sin embargo ¿podemos suponer que su adquisición reduce la brecha digital para
los sectores más pobres? ¿esos celulares permiten acceder y emplear plataformas como
Laura Ferreño y María Laura Gimenez
NUEVAS TECNOLOGÍAS E INCUSIÓN SOCIAL
171
miArgentina y resolver los trámites online del presente? Las limitaciones de estas
herramientas para resolver los problemas de inequidad, sesgo ideológico y discriminación
deben incorporarse a las agendas gubernamentales. La educación deberá ofrecer respuestas
alternativas a las actuales para evitar problemas de deserción de los sectores vulnerables que
arrastra desde hace décadas y que tienden a consolidarse como estructurales. Detrás de la
emergencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC‟s), la robótica y la
IA, están estas nuevas demandas laborales que actualmente son difíciles de satisfacer.
Si bien las nuevas tecnologías eliminan las discrecionalidades de la burocracia pública y de la
política, estos actores en muchos casos constituían los únicos mediadores entre los poderes
estatales y la ciudadanía; sin intermediación, la reconfiguración de estos vínculos con los
sectores más vulnerables aún es difuso. La IA y los sistemas informáticos de algoritmos que
inducen la toma de decisiones de manera automatizada impactan, tanto en el sector público
como privado, no solo repercuten en la vida de la población, sino que además no cuentan con
la posibilidad de rendir cuentas por estas.
Tácitamente se ha reformulado el contrato social en el cual intervinieron dos actores
participantes: una amplia variedad de sectores vinculados con las nuevas tecnologías y los
Estado-Nación —cuya capacidad de intervención como dique de contención es muy diverso,
debido en parte a que también se beneficia de la información obtenida mediante estos nuevos
dispositivos disponibles, aunque desconocemos en qué medida cruzan los datos—. Ambos
“consensuaron acuerdos” mediante nuevas normativas o a través de usos y costumbres
recientes. La ciudadanía, en cambio, fue y es hasta el momento un mero espectador de estos
nuevos dispositivos creados para su vigilancia y control; y si bien ello supuso la posibilidad
de nuevas opciones de conexión para la población de zonas rurales pobres y alejadas de las
ciudades, muchas personas aún no han podido acceder a estas oportunidades.
¿Cómo generalizar y ampliar la utilización ciudadana de la web y la
digitalización de los servicios públicos, ampliando el papel de los
gobiernos como plataformas para brindar mayores servicios
personalizados?
Oszlak, 2020a: 246
Esta es la pregunta que interpela a los posibles escenarios metodológicos para su respuesta.
3. Presupuestos metodológicos
3.1. Las ciencias sociales y la pandemia
La irrupción de la pandemia puso la mirada en la urgente necesidad de medidas de corto plazo
que acompañaran las transformaciones en la organización social y económica de la sociedad.
La capacidad de gestión en esos procesos se nutre de conocimiento sobre las transformaciones
y los actores. Las ciencias sociales aportan análisis y propuestas sobre una realidad en
movimiento permanente, a través de los paradigmas epistemológicos cuantitativos y
Laura Ferreño y María Laura Gimenez
NUEVAS TECNOLOGÍAS E INCUSIÓN SOCIAL
172
cualitativos, diferenciables y con autonomía propia que disputan el espacio como estrategia de
conocimiento.
La complejización de la realidad en estudio y la búsqueda de respuestas inauguró la
“triangulación de metodologías” como alternativa para la generación de conocimiento,
preservando la objetividad de las ciencias sociales gracias a la puesta en práctica de
instrumentos de medición validados en el mundo académico. La preocupación sobre los
diseños de investigación guió el interés de científicos sociales de procedencias diversas. La
dicotomía entre cuantitativos y cualitativos devino en la valorización de la “ruta mixta”
(Hernández-Sampieri y Mendoza Torres, 2018). La combinación de metodologías inició un
nuevo camino superador para las miradas academicistas.
Los análisis sociales, en la búsqueda de armonizar el paradigma metodológico a la realidad en
estudio enfrentó un dilema cuyo esclarecimiento llevó a la metodología a sortear el nuevo
escenario social en Argentina en pos de la objetividad científica.
Como sostuvo Sautu “los bloques teóricos” atraviesan la investigación social y comprenden
desde los supuestos teóricos y epistemológicos del paradigma elegido, las teorías de la
problemática en estudio hasta aquellos que corresponden a “la medición, la observación y la
construcción de los datos y la evidencia empírica” (Sautu, 2003: 17).
Los estudios sociales sean cuantitativos o cualitativos focalizan su atención en diseños
metodológicos desde la construcción de marcos teóricos que validan los hallazgos o
resultados de la investigación, la teoría, los objetivos y la metodología articulan entre sí, con
ello reconocemos las implicancias metodológicas de la teoría (Sautu, 2003; Hernández-
Sampieri y Mendoza Torres, 2018).
La defensa de la disciplina se enmarcó en el desarrollo de “sistemas coherentes de hipótesis,
conceptos, métodos de verificación, todo aquello que se suele vincular con la idea de ciencia”.
En consecuencia, ¿por qué no decir que es una ciencia, si lo es?” (Bourdieu, 2002: 81).
La certidumbre del método científico abrazó a los diseños cualitativos aun cuando estos se
definen desde el constructivismo, el interpretativismo y la fenomenología. (Hernández-
Sampieri y Mendoza Torres, 2018). Las ciencias sociales iniciaron un recorrido metodológico
que incluía esquemas flexibles que se adaptan al objeto de estudio y pueden ser redefinidos
durante el proceso de recolección de datos (Robson, 2002); a la vez el investigador no recoge
datos para evaluar modelos o teorías preconcebidas (Taylor y Bogdan, 1996), sino que intenta
construir conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de la realidad y consciente de
que él mismo es una herramienta de este proceso (Robson, 2002; Hammersley y Atkinson,
1994). Las miradas cualitativas se acercaron a la construcción del dato desde las vivencias y
experiencias del sujeto (Schütz, 1972) considerando lo social como una estructura que solo
puede ser comprendida teniendo en cuenta todas las asociaciones y significados a partir de un
acabado fenomenismo, que devele el hecho como contenido de conciencia, en tanto hecho
pensado, actuado y vivido.
La tensión de los paradigmas al interior de la sociología no logró superar la fortaleza que el
método científico positivista tiene para la disciplina, en tanto aspiró a integrar espacios
Laura Ferreño y María Laura Gimenez
NUEVAS TECNOLOGÍAS E INCUSIÓN SOCIAL
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académicos. La rigidez del método científico de esta escuela empañó la formulación de los
problemas de investigación, que devinieron en una adaptación de preguntas de la realidad a
los instrumentos y herramientas de la ciencia.
El nuevo escenario social de la pandemia iluminó la tensa relación entre la ciencia social y la
realidad, complejizada por la irrupción de la tecnología artificial, que alejaron las estrategias
de construcción de los datos de los problemas de investigación. Los cientistas se enfrentaron
con nuevos desafíos, construir datos sin un acercamiento directo al objeto de estudio, a través
de las tecnologías comunicacionales.
¿Cómo pensar el diseño de investigación cuando las herramientas metodológicas están
pensadas para una vinculación directa entre el investigador y el objeto?
El escenario del relevamiento es la antítesis de las realidades desde las cuales la sociología
propuso sus instrumentos, lo cual llevó a enfrentar dos problemáticas a resolver: la primera
fue el diseño del instrumento de medición: la segunda, el trabajo de campo. Si bien se conocía
el problema que motivó el trabajo, el acercamiento al objeto de estudio dadas las condiciones
de la pandemia era imposible, tanto para conocer el territorio como para llevar adelante el
trabajo de campo. ¿Cómo conocer al objeto de estudio a la distancia?
El diseño transversal exploratorio brindaba las herramientas para este acercamiento,
entendiendo que “estos estudios tienen como propósito comenzar a estudiar variables
potenciales en un momento específico” (Hernández-Sampieri y Torres Mendoza, 2018: 177).
Sin embargo, el método científico de conocimiento indaga, describe y explica variables
definidas teóricamente.
La necesidad de generar conocimiento cuestionó los modos de acercamiento al objeto de
estudio, recurriendo a tecnologías impensadas como las plataformas de Google y Zoom que se
incorporaron como herramientas en el trabajo de campo para la observación y las encuestas.
Las redes sociales vehiculizaron relevamientos de investigaciones a la vez que confluyeron en
un espacio intangible de información privada y pública.
El Estado a través de plataformas digitales expuso información sociodemográfica que se
nutrió de estas nuevas herramientas. Encuestas sencillas, con preguntas concisas y claras para
ser interpretadas fácilmente por los encuestados pueden ser respondidas desde celulares o
computadoras, definiendo allí un criterio de selección de las unidades muestrales. Entonces
¿el capital social se incorpora como variable en un muestreo no probabilístico?
La vinculación de la metodología con la tecnología inauguró un espacio de discusión sobre el
diseño y aplicación de nuevas estrategias de construcción de datos. El recorrido transitado
incorporó diversas decisiones técnicas, que se ejemplifican en la plataforma miArgentina y en
el Relevamiento elaborado por la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus
COVID-19 del MINCyT-CONICET-AGENCIA, para analizar el impacto social de las
medidas que decretó el PEN cuando se inició el confinamiento en marzo de 2020.
Laura Ferreño y María Laura Gimenez
NUEVAS TECNOLOGÍAS E INCUSIÓN SOCIAL
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3.2. La aplicación de plataformas digitales y la interacción social
El aceleramiento en la digitalización de los procesos burocráticos en la gestión pública, en el
ámbito educativo, en el ámbito de salud movilizó transformaciones en la organización social y
en la vinculación de los actores, entre ellos mismos y entre las esferas públicas y privadas.
En nuestra sociedad, la aplicación miArgentina es un claro ejemplo de los desarrollos
tecnológicos para la digitalización de los procesos del Estado. Como portal de acceso único
del ciudadano para la interrelación con los organismos de la administración nacional, la
plataforma es un instrumento de gestión donde se obtienen turnos para renovaciones y
documentos personales para el DNI, pasaporte, certificados de ANSES, certificados de
discapacidad, certificado de vacunación COVID-19, información sobre cobertura médica,
licencia para conducir entre otros.
Aquello que debía ser un recurso de optimización de los procedimientos tiene un impacto
social no esperado, la marginación de los sectores vulnerables, de los adultos mayores y de las
zonas rurales del interior del país.
¿Cómo se producen estas desigualdades? Hay dos limitantes: la primera es el conocimiento de
los ciudadanos de las plataformas digitales para la tramitación burocrática. El
desconocimiento de la existencia de esta posibilidad cercena la acción de los actores sociales,
los paraliza, solo el “boca a boca” entre los pares actúa como superador.
Conocer la plataforma señala una diferencia entre los actores. Sin embargo, aún bajo este
conocimiento, la asimetría entre pares continúa. El recorrido hacia la utilización de las
plataformas se vincula con el capital social de cada actor. Aun conociendo la existencia, su
empleo resulta complejo para aquellos con conocimientos informáticos. Esta segunda
limitante genera una búsqueda constante de soluciones, de cuya ausencia, el impacto negativo
sobre las subjetividades da forma a un “hastío” (Simmel, 2002) y a la decepción en los actores
que buscan respuestas por los canales a los cuales puedan acceder. Así la vinculación a través
de la presencia en espacios y dependencias públicas deviene en un recurso reclamado y
lejano.
La plataforma Cuidar devino en un permiso de circulación, de control de movilidad de los
ciudadanos en el ámbito geográfico de residencia. El acceso a la plataforma por telefonía
celular o por computadoras imprimiendo permisos clasificaba a los pares en “habilitados o no
habilitados”. El desconocimiento de las razones que habilitaban a la circulación, motivó que
parte de la población viera reducida su capacidad de trabajo, gestiones administrativas,
atención médica. El control sobre los cuerpos llegó a ser una forma de “autocontrol” de la
circulación social bajo la exhibición pública en los medios de comunicación de los infractores
de la norma.
La clasificación sanitarista de los sujetos dejó a las ciencias sociales en un lugar ambiguo y de
desconcierto. ¿Cómo pensar lo social cuando la sociedad se organiza desde las formas
históricas de aislamiento y/o cuarentena para evitar los contagios de la enfermedad? La
respuesta del gobierno a este interrogante fue el estudio de problemáticas como circulación,
distancia, transporte y movimientos en las grandes aglomeraciones abordadas como
Laura Ferreño y María Laura Gimenez
NUEVAS TECNOLOGÍAS E INCUSIÓN SOCIAL
175
dimensiones de las ciencias sociales y humanas, importantes tanto para el durante como para
el después de la pandemia.
El durante fue analizado en el Relevamiento del MINCYT sobre los alcances de los primeros
días de la cuarentena. La preocupación del Estado Nacional por conocer el impacto social de
las medidas de aislamiento motivó que el organismo del estado indagara sobre las
consecuencias del ASPO iniciado a mediados del mes de marzo del 2020, a través de un
relevamiento enviado a instituciones académicas que, gracias al trabajo con las asociaciones
civiles de fuerte presencia territorial pudieron acercar estas encuestas a referentes que
interactuaban en zonas vulnerables. Las universidades actuaron como encuestadoras y los
integrantes de las asociaciones civiles, los encuestados.
Si bien el aislamiento limitaba la posibilidad del trabajo de campo, la estrategia de
recolección de datos con un formato de “red”, donde las unidades muestrales eran
interpretadas por los actores de las asociaciones civiles fue, en ese contexto, el trabajo de
campo seleccionado.
El enfoque académico acerca un diagnóstico general de los efectos que la irrupción de las
medidas gubernamentales de tipo sanitario generaba en la sociedad. Los hallazgos del
relevamiento imbricaron la mirada académica con la información que circulaba en la
sociedad, desde una descripción que se focalizaba en los sectores más vulnerables, aquellos
expuestos a la informalidad laboral.
El diseño del relevamiento a través de referentes territoriales funcionó como una “radiografía
federal y social del momento y fue elevado al Poder Ejecutivo, que lo tuvo entre sus insumos
durante las primeras reuniones en la quinta de Olivos…”. El trabajo da cuenta del “sentido
común” que circulaba respecto de la enfermedad, las dudas y la incertidumbre resultado del
desconocimiento y de las estrategias laborales familiares y locales. El conocimiento sobre
“percepciones, miradas y acciones de los actores” queda trunco frente a la ausencia de análisis
técnicos que potencien la formulación de políticas públicas, que acompañen este proceso.
Las ciencias sociales atraviesan cuestionamientos hacia dentro de la disciplina, buscando
hallar respuesta a la realidad a la vez que enfrentan nuevas inquietudes hacia sus métodos.
Un ejemplo exitoso es la digitalización de los procedimientos administrativos que confluyó en
la página de internet Datos Argentina (https://www.datos.gob.ar/) que contiene información
de libre acceso al ciudadano, expuestos como base de datos. Este sitio reúne en un solo lugar
actividades públicas del estado (licitaciones, audiencias, planes sociales, entre otros) y
acciones privadas (cantidad de cargas mensuales de la tarjeta SUBE, cantidad de personas que
viajan en tren por ramal, prestaciones médicas en instituciones de salud públicas, volúmenes
de producción comercializados, cabezas de ganado, producción fabril, turismo entre otras).
Esta matriz de datos organizada por año y meses es un registro social y económico del estado
nacional que en lenguaje coloquial explica “son tuyos. Podes crear visualizaciones,
aplicaciones, y grandes herramientas con ellos”. Las ciencias sociales enfrentan la encrucijada
de “deconstruirse” debido a la concentración de datos estadísticos de manera exponencial en
Laura Ferreño y María Laura Gimenez
NUEVAS TECNOLOGÍAS E INCUSIÓN SOCIAL
176
páginas oficiales y a los cambios en el rumbo de la metodología acuñada desde hace más de
100 años.
4. Reflexiones finales
Las acciones implementadas para frenar los efectos de la propagación de la pandemia del
COVID-19 desde la perspectiva sanitarista clásica (control del virus mediante
disciplinamiento social a través de la vigilancia) se complementaron con la visión de la
ciencia informática que ofrecía nuevas y sofisticadas tecnologías para alcanzar estos
objetivos.
El supuesto de que las aplicaciones para telefonía móvil constituían una herramienta de
comunicación inclusiva a la vez que cumplían la función de controlador social tuvo
dificultades para alcanzar tales presunciones, cuando en Argentina no toda la ciudadanía
tiene recursos como para mantener en funcionamiento la línea de manera permanente.
Los procesos de trabajo del sector administrativo, la educación y la salud debieron adaptar sus
procedimientos a esta nueva mirada, a la vez que los recursos humanos —aún aquellos con
capital social— atravesaron “capacitaciones” de forma autodidáctica profundizando
asimetrías sociales estructurales.
Estos indicios nos obligan a interpelarnos respecto a en qué medida estas plataformas fueron
exitosas en las distintas clases sociales dispersas en distritos urbanos, periurbanos y rurales de
todo el país. Como ejemplos, mencionaremos los casos de “Buenos Aires Vacunate”
(https://vacunatepba.gba.gob.ar/), la propuesta de voluntaria de inscripción de la Provincia de
Buenos Aires para acceder a la vacunación contra el COVID-19, a pesar de la amplia
campaña de difusión que el gobierno provincial desarrolló, gradualmente fue habilitando la
demanda espontánea sin turno previo para acceder a la primera dosis y se amplió los lugares
de vacunación mediante la habilitación de postas en la vía pública; de este modo, se esperaba
incluir a quienes por carecer de un capital social mínimo no estuvieran registrados en el
sistema. De manera similar, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para facilitar la
vacunación en villas, asentamientos y barrios populares, instaló postas fijas y una móvil para
cumplir este objetivo.
Este trabajo exploratorio aspira a iniciar un camino en la reflexión respecto del lugar de las
nuevas tecnologías en las políticas de estado y en ciencias sociales. La experiencia de los
casos presentados deja interrogantes que se irán dilucidando en la medida que la política
pública y las ciencias sociales logren apropiarse de este recurso, externo, pero valioso a la
hora de definir tanto políticas inclusivas como de generar conocimiento científico.
Sin embargo, aunque el camino ya se inició, en nuestra sociedad esta discusión debe partir del
reconocimiento de las asimetrías, tanto en el acceso a la tecnología como del capital social
que cada actor dispone.
Quizás sería valioso indagar propuestas descentralizadoras —mediante el traspaso de recursos
económicos, tecnológicos y personal científico— que empoderen los gobiernos locales. Su
Laura Ferreño y María Laura Gimenez
NUEVAS TECNOLOGÍAS E INCUSIÓN SOCIAL
177
cercanía a la población objeto, su conocimiento del territorio y del capital de cada comunidad
permitirían elaborar un diagnóstico más preciso y diseñar respuestas más certeras a las
problemáticas más acuciantes; constituyen además un camino plausible para contrarrestar los
efectos de la desafiliación social.
Este puede constituirse a mediano plazo en un camino que no sólo construya ciudadanía, sino
que además, vuelva innecesaria la búsqueda de nuevos paradigmas para comprender la
cambiante realidad social.
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Laura Ferreño
Doctora en Antropología Social (IDAES-USAM). Actualmente se desempeña en la UNDAV
como profesora titular ordinaria-dedicación exclusiva, coordinadora del Observatorio de
Ciudadanía Cultural y presidenta de la Comisión de Enseñanza e Investigación del Consejo
Superior.
Fue profesora/investigadora visitante en el IELAT-UAH, España y en la Universidad Paris
VII Denis Diderot. Directora de proyectos de investigación y extensión; becarios y tesistas.
Cuenta con publicaciones en Argentina y en el exterior.
María Laura Gimenez
Doctora en Sociología y Magister Scientie en Ciencias Sociales del Trabajo. Profesora
Asociada Regular de la materia de Sociología de la Cultura e investigadora del Observatorio
de Ciudadanía Cultural de la UNDAV, donde codirigió proyectos de transferencia tecnológica
cuyo análisis se centró en la interacción entre la política pública y la sociedad civil en el
Municipio de Avellaneda.
